La Constitución Política de El Salvador reconoce que el Estado debe velar por la salud de la población, de la cual, las mujeres somos más de la mitad. A pesar de esto, no cabe duda que el derecho a la salud de las mujeres es violentado de forma cotidiana. Existen diversos tipos de violencia y una de ellas es la institucional y se refiere a que nuestra legislación, por omisión, nos discrimina.
La actuación del Estado se enmarca en la cultura patriarcal que limita el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. Amparado en una visión moralista y religiosa, el Estado no reconoce que existen mujeres que cada día, por diversos motivos, enfrentan un embarazo no deseado, y que recurren a abortos inseguros para salvar sus proyectos y su vida.
Exigimos que se reconozca este problema de salud pública
Los abortos inseguros constituyen una de las principales cusas de mortalidad materna. Gran parte de estos procedimientos se realiza en la clandestinidad y en condiciones que ponen en riesgo la vida de las mujeres.
Según la Organización Mundial de la Salud, entre 60 mil y 80 mil mujeres, en el mundo, mueren cada año por causa de abortos inseguros. El 21% del total de muertes relacionadas con el embarazo y parto, tienen como causa las complicaciones del aborto realizado en condiciones de riesgo.
Tampoco contamos con programas de planificación familiar y servicios de atención ginecológica que realmente respondan a las necesidades de las mujeres en el país; y la información estatal sobre sexualidad viene cargada de prejuicios y valores discriminatorios.
Exigimos la despenalización del aborto terapéutico
En El Salvador, el aborto terapéutico está tipificado como delito desde 1998. Significa que el Sistema de Salud no interrumpe un embarazo aunque éste sea producto de una violación sexual, aunque corra peligro la vida de la madre o exista malformación del feto. Como resultado, las mujeres que se realizan abortos inseguros en nuestro país, corren el riesgo de ser sancionadas penalmente.
Las leyes restrictivas no previenen ni evitan el aborto. Precisamente son éstas las que lo vuelven clandestino e inseguro, principalmente para las mujeres pobres, especialmente las que viven en zonas rurales.
Exigimos respeto a nuestros derechos humanos
Además de representar un grave problema de salud pública, la prohibición del aborto atenta contra los derechos humanos de las mujeres y hiere principios de justicia social.
El embarazo forzado representa una violación, principalmente, del derecho a elegir, del derecho a la salud, el derecho a la ciudadanía y el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el cuándo y cuántos hijas/os tener.
Las mujeres recurren al aborto, entre otros motivos, cuando:
• El embarazo no está en su proyecto de vida.
• Es niña o joven (en El Salvador, en uno de cada tres embarazos, la mujer tiene entre 10 y 19 años de edad).
• Está en riesgo su vida (la tasa de mortalidad materna a nivel nacional es de 173 mujeres por 100 mil nacidas/os vivas/os, uno de los índices más altos de C.A., ya que Costa Rica registra 36 mujeres por 100 mil nacida/os viva/os, y Nicaragua, 87).
• Ha sido víctima de una violación sexual (en El Salvador, el 6% de las mujeres de 15 a 49 años de edad reportó que en el transcurso de la vida fue violada por sus cónyuges o por otros hombres conocidos y desconocidos)
Exigimos respeto a nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos
En El Salvador, el tema del aborto se ha discutido desde una visión moralista, sin embargo, es un tema que hace referencia exclusivamente a los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres. Es un asunto que se enmarca en el terreno de la justicia social, el derecho a la salud y el fortalecimiento de un Estado democrático y laico, que es el que demandamos las mujeres para poder llevar una vida digna y ejercer nuestra ciudadanía.
La negación de estos derechos y la violencia hacia las mujeres en todas sus manifestaciones, constituye una violación a los derechos humanos, limita el reconocimiento, goce y ejercicio de nuestros derechos y libertades.
Exigimos estadísticas oficiales que visibilicen este problema
En nuestro país no se realizan estudios en los que se puedan conocer verdaderamente las dimensiones de este problema de salud pública, pues las instituciones responsables no quieren reconocerlo como tal, e incluso pretenden ocultarlo.
La penalización del aborto obliga a las mujeres a practicarse estos procedimientos de manera insegura, pero la falta de indicadores y cifras no permite conocer cuántas mujeres mueren a diario por esta causa, o sufren perjuicios a su salud física post-aborto.
Los pocos datos con los que se cuenta son las estadísticas del Ministerio de Salud, que sistematiza el número de hospitalizaciones por abortos en los centros de salud. Sin embargo estas cifras son imprecisas y vagas y no contribuyen a mostrar la dimensión del problema del aborto inseguro en El Salvador.
Durante 2005, el Ministerio de Salud Pública registró 6.571 casos de aborto espontáneo a nivel nacional. De éstos, el 16.1% (1.058 casos) correspondió a mujeres de entre 10 y 19 años de edad. Esta instancia reconoció ante la prensa e que existe un subregistro de datos que no se atreve a estimar.
Ante esto, es necesario que la sociedad se sensibilice frente a este problema que demanda soluciones humanistas; por tanto como Concertación Feminista Prudencia Ayala, queremos poner esta problemática del aborto en la agenda política del país, desde una perspectiva de la salud pública, los derechos humanos fundamentales - vida, salud, libertad, autonomía y dignidad - y la justicia social, porque es imprescindible que éstos derechos sean asumidos con responsabilidad desde la laicidad del Estado, a fin de que responda a la realidad que vivimos las mujeres salvadoreñas.
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